A partir de la heterogeneidad existente a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires en materia productiva, sanitaria, de densidad de población y de factores de riesgo asociados con el eventual contagio del virus SARS-Cov-2 en determinadas zonas, el Gobierno provincial ha tomado una serie de definiciones generales ante los pedidos de excepción a actividades y servicios del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) recibidos por parte de los diferentes distritos de la Provincia.
Tales definiciones responden a la aplicación de un sistema a través del cual se realiza un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de gobierno en el marco de la actual etapa del ASPO. En tal sentido, para cada uno de los distritos de la Provincia, el Ministerio de Salud ha procedido a analizar la cantidad de casos confirmados y sospechosos y el número de fallecimientos por el virus SARS-Cov-2.
Asimismo, dicha información ha sido cruzada por las características sociodemográficas del distrito, las cuales podrían resultar en diferentes grados de riesgo de propagación de la infección y tasa de letalidad del virus en cada municipio. Las variables analizadas en este sentido son i) población con necesidades básicas insatisfechas, ii) hacinamiento crítico, iii) cantidad de adultos mayores y iv) movilidad de personas (inter e intramunicipal).
A partir de los resultados de este análisis, y en estricto cumplimiento de la normativa nacional referida al otorgamiento de excepciones al ASPO para actividades y servicios, la provincia de Buenos Aires informa que ha tomado las siguientes definiciones, segmentadas para cada una de las áreas definidas por dicha normativa.
Disposiciones aplicables a toda la Provincia
A partir del pedido de los distintos distritos, se aprobará la excepción al ASPO para las actividades manufactureras y de construcción privada, siempre y cuando:
1. Se cumplan todos los parámetros epidemiológicos y sanitarios requeridos por la normativa nacional y provincial
2. Se presenten estrictos protocolos sanitarios y de funcionamiento
3. Se verifiquen las posibilidades de fiscalización por parte del distrito y las empresas garanticen el traslado de los trabajadores y trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.