Por el estado de emergencia económica que generó el coronavirus covid19 , los desarrolladores y constructoras manifestaron su desconformidad por la decisión del presidente, Alberto Fernández, de no autorizar el permiso para que las obras en construcción privadas puedan retomarse. El Gobierno tomó la decisión tras la reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Gabriel Katopodis (Obra Pública) y María Eugenia Bielsa (Vivienda); Gerardo Martínez (Uocra) y Julio César Crivelli y Gustavo Weiss, por la CAC.
La desarrolladores y las constructoras insisten en que la decisión no solo pone en peligro la continuidad de las obras sino también la preservación de los empleos: se estima que la construcción privada da trabajo a unos 200.000 obreros de un universo de 350.000, según los datos de la Cámara Argentina de la Construcción. «La dilatación del inicio de las obras podría generar más de 100.000 despidos» , reconoce un desarrollador con tres obras en ejecución.
La estimación del sector es que, por la cuarentena, hay cerca de 5000 emprendimientos parados que representan inversiones por US$ 2500 millones . Un caso emblemático es la ampliación del Hospital Alemán: la obra que duplicará la capacidad del establecimiento se realiza con financiamiento privado y está detenida.
Las empresas constructoras afirman que esta decisión está llevando «al sector a una trampa mortal». «Te piden que te quedes en tu casa mientras le tenés que pagar el sueldo y las cargas sociales al personal. Además, cada empleado tiene depositado a su nombre un fondo de desempleo que no nos permiten usar y que podría cubrir un mes y medio de salario», relata un empresario que participó de la reunión.
El fondo de desempleo se conforma a partir del aporte de la constructora sobre la remuneración mensual: el primer año, la empresa aporta cada mes el 12 por ciento y luego el 8 por ciento en una cuenta a nombre de cada empleado. El personal de la construcción lo puede cobrar en caso de renuncia o despido. Pero en esta situación de emergencia económica puntual, se plantean diferentes interpretaciones legales y no está claro si prevalece el decreto o la ley de contrato de trabajo para el sector, razón por la que no lo pueden utilizar. » Las empresas lo pagamos y se está licuando en los bancos. Son los propios operarios quienes están pidiendo cobrarlo», profundiza el empresario, que prefiere no dar su nombre.
Hoy la hora básica de trabajo de un oficial ronda los $175, lo que le permite cobrar en una quincena mínima -de 88 horas trabajadas- alrededor de $15.400. A ese salario hay que sumarle los pluses, bonos solidarios, y proporcionales -horas extra, feriados, presentismo, viáticos, comida, producción- que depende de cada obra. También hay zonas u obras especiales que tienen incremento en el valor horario, que puede alcanzar el 30 por ciento. Para calcularlo en costos para la compañía, el cálculo es por dos. Las empresas pagaron la segunda quincena de marzo y la primera de abril, pero advierten que si los plazos de inactividad se estiran, el pago de los salarios de la segunda parte de este mes no podrá afrontarlos casi nadie .
En los últimos días, la Uocra y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) trabajaron en un protocolo de seguridad para aplicar en las obras y evitar los contagios . Se trataba de una primera versión, «abierta» a mejoras e incluye medidas de protección y de prevención que surgieron por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud, y otros sectores pero aplicables a la construcción.
Entre las medidas planteaba un estricto control de ingreso a los trabajadores autorizados e interrogatorios sobre posibles síntomas y toma de la temperatura corporal antes de ingresar. También proponía la implementación de un equipo de control que asistiría con un traje tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex, entre otros recaudos. Pero la propuesta no convenció al Presidente quien ratificó a empresarios y sindicalistas que l a prioridad es «preservar la salud» y los instó a trabajar con los gobernadores para solicitar la flexibilización de la cuarentena para obras puntuales.
«Activar la obra privada es tan importante como la pública. La diferencia es cómo se financia, pero a los efectos del coronavirus la situación es la misma: personas trabajando en una obra en construcción», agrega Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la entidad que junto a la Asociación de Empresarios para la Vivienda (AEV) liderada por Miguel Camps está trabajando en propuestas para la subsistencia del sector que planean presentarle al Gobierno. » Empleamos a más de la mitad de los trabajadores del sector de la construcción con un efecto multiplicador de la economía . Somos clave en la captación de inversión privada y genuina, generamos empleo y repatriación de capital», sintetiza Carlos Spina, Secretario General de a AEV y director de Argencons, la desarrolladora con proyectos parados que suman 200.000 metros cuadrados y US$300 millones en inversiones, para mencionar las razones por la que cree que deberían ser oídos,
El caso de Uruguay
A diferencia de la Argentina, Uruguay habilitó la reanudación de la obra privada el pasado lunes con un protocolo similar al que la Uocra y la Cámara Argentina de la Construcción le acercaron a Alberto Fernández. El gobierno del país vecino acordó con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las empresas, la implementación de un estricto Protocolo de Seguridad consensuado por la Cámara de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y los trabajadores representados por el sindicato. «Contamos con enfermeros en obra que toman la temperatura a los operarios, sumamos elementos de protección personal, un área de higiene personal, intensificamos las medidas de limpieza, entre otras medidas que componen el protocolo», relata Santiago Tarasido, CEO de la constructora argentina Criba con emprendimientos en ese país.
En definitiva, la decisión del presidente Fernández tomó por sorpresa al sector, que esperaba por lo menos la habilitación para reiniciar las obras de hasta 3000 metros cuadrado s. Afirman que el Estado no está percibiendo que las obras en curso son las primeras que podrían dinamizar la inversión. «No se entiende la postura del Gobierno con un sector atomizado en empresas medianas y chicas, que tiene una gran capacidad de captar inversores individuales y que, a diferencia de la obra pública, no requiere un presupuesto público sino que genera impuestos presentes y futuros», concluyen en el mercado.